(04 de diciembre, de 2014).- El martes la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma y adiciona los artículos 11 y 73 de la Constitución política en materia del derecho a la movilidad universal, si bien podría considerarse como un avance en derechos ciudadanos el trasfondo de la misma puede ir en detrimento de la protesta social y el uso del espacio público.
En entrevista, Simón Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que estas reformas encaminadas hacia una Ley General de Movilidad tienen un aspecto negativo y uno negativo.
“Positivo en el sentido en el que el propio dictamen señala que la movilidad es un derecho integral y que por lo tanto una eventual ley no podría ir en contra de los derechos de reunión, de asociación y de manifestación pública, en abstracto parece que la Reforma es positiva.
No obstante ante la criminalización de la protesta social y la creación de leyes que atentan contra la integridad y seguridad de las personas que ejercen su derecho a la manifestación pública, estas modificaciones al artículo 11 constitucional podrían avalar el uso discrecional de la fuerza pública en contra de la ciudadanía.
“Nosotros (Centro ProDH) hemos ubicado que la tendencia legislativa de todo el año 2013 –en el que incluso identificamos alrededor de 20 iniciativas o algunas que ya son ley como la Ley Bala, la Ley de Quintana Roo y la propia ley del Distrito Federal, la tendencia– no sólo ha sido criminalizar la protesta social y hacer un uso desproporcionado de la fuerza pública en contextos de manifestación, incluso es de abierta represión”.
En Puebla la Ley Bala –que cobró la vida del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo de 13 años de edad, originario de la comunidad de Chalchihuapan–; en Quintana Roo la Ley Borge, y en la Ciudad de México la Ley de Movilidad son el ejemplo de que “el Estado ve las manifestaciones como un problema y no como el ejercicio de un derecho, el Estado en lugar de garantizar la manifestación pública […] la concibe desde un enfoque punitivo y su única respuesta es la fuerza. Lo que nos preocupa (de las reformas constitucionales) es que pueda seguirse consolidando esta tendencia altamente restrictiva y violatoria de derechos humanos”, subrayó Simón Hernández.
En el contexto de movilizaciones sociales generadas a raíz de la indignación de la sociedad civil, realizadas principalmente en el Distrito Federal y en el estado de Guerrero, como consecuencia de las ejecuciones extrajudiciales de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa por parte de policías municipales y el crimen organizado en la ciudad de Iguala, la lectura de estas reformas nos lleva a preguntarnos cuál es el trasfondo de las mismas.
Cabe señalar que como sucedió con las reformas en materia de Telecomunicaciones y Energía e hidrocarburos, los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), y Verde Ecologista de México (PVEM) fueron los que avalaron las reformas constitucionales con 292 votos a favor.
El panista Marcos Aguilar Vega, presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias indicó en tribuna y en defensa de la legislación, que “podemos decidirnos a recuperar la calidad de vida que haga posible rescatar las calles y espacios públicos como algo más que canales de transporte, haciendo de ellos lugares de convivencia que fortalezcan el tejido social”.
Lo cual podría considerarse como un discurso en dos sentidos. El primero, que se debería revertir la privatización del espacio público –como lo pueden ser calles, parques con jardineras enrejadas, sin bancas y resguardadas por elementos de seguridad– por lo que tendrían que ser reabiertas a favor de la población en general, por ejemplo.
El segundo que dadas las tomas temporales de avenidas y calles primarias por cientos de miles de personas permitiría el uso discrecional de la fuerza pública, como expresó Simón Hernández.
Toda vez que la “manifestación pública se está convirtiendo, quizás, en el último elemento de participación política y de control democrático directo frente a los poderes públicos, en un mecanismo necesario ante un déficit institucional así como ante la falta de garantía de derechos y la abierta violación de derechos humanos por parte del Estado”, apuntó Hernández.
En octubre pasado, El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social que agrupa a 10 organizaciones, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la creación de leyes que pretenden inhibir la protesta, la represión a manifestantes y personas que documentan la protesta, así como la impunidad para autoridades que agreden a manifestantes.
Situaciones que desde el 1 de diciembre de 2012 –día en que tomó protesta Enrique Peña Nieto como titular del Ejecutivo Federal– vienen ocurriendo de forma sistemática. Casos como los hechos del 2 de octubre de 2013 en donde periodistas y defensores de derechos humanos fueron agredidos por la policía capitalina, o el de Chalchihuapan Puebla antes mencionado, o el operativo de desalojo del movimiento social de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo por parte de las policías antimotines y judicial en agosto de 2014, así como el desalojo de decenas de miles de personas durante la manifestación del 20 de noviembre, son algunos ejemplos del uso desmedido de la fuerza y la represión.
Para quienes es primordial mantenerse en la elite de la clase política, este tipo de manifestaciones públicas parecieran ser una amenaza latente para sus intereses y para los intereses económicos expansionistas de los grandes capitales transnacionales.
Lo que se contrapone a los intereses del grueso de la ciudadanía mexicana que en los últimos meses se ha manifestado en contra de la inseguridad, de las desapariciones forzadas, de las violaciones a derechos humanos, de la desigualdad social, etcétera, así como de la administración del titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto.
En este sentido, es relevante señalar la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la acción de inconstitucionalidad del artículo 212, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. “Hace dos días dos juezas federales otorgaron amparos a colectivos de estudiantes, defensores y periodistas”. Por lo que declararon inconstitucional esta legislación y será la SCJN la que revise la normativa el próximo año.
Pero en el caso de la Ley Borge (del priista Roberto Borge) en Quintana Roo; la CNDH optó por no impugnar esta legislación ante la SCJN, que, entre otras cosas, establece el aviso previo de 48 horas al gobierno estatal. En el caso de la Ley Bala del panista Rafael Moreno Valle, la CNDH concluyó en julio pasado que “no existen temas de inconstitucionalidad o inconvencionalidad en materia de derechos humanos”, un día después el niño José Tehuatlie Tamayo recibió un impacto de proyectil en la cabeza.
“Lo que también es preocupante porque nos habla de una institución que parece actuar no en término de garantía de derechos sino de criterio político. Lo que hay legislado en el DF es exactamente igual a lo legislado en Quintana Roo y en este último caso no lo impugnó, entonces también se debe exigir a estas entidades que ejerzan sus facultades de control así como al poder judicial”, puntualizó Simón Hernández.
La Cámara de Senadores recibió este miércoles la minuta que reforma los artículos 11 y 73 constitucionales que, de ser aprobada por la misma, los congresos locales deberán realizar las adecuaciones a sus legislaciones.
El debate en esta materia deberá aglutinar la participación ciudadana y de las organizaciones defensoras de derechos humanos el cual debe abrir el camino “hacia la garantía de derechos y no de un enfoque punitivo”, concluyó Simón Hernández.
